La denuncia que Morena no podrá callar: Alito lleva los vínculos narcopolíticos al escenario internacional

Alejandro Moreno expone ante organismos de EE.UU. lo que el gobierno de Morena ha querido ocultar por más de siete años: los nexos entre el partido en el poder  y el crimen organizado, y una política de persecución disfrazada de justicia.

Durante más de siete años, México ha sido testigo de un fenómeno preocupante: el progresivo debilitamiento de las instituciones democráticas, el uso faccioso del poder y la normalización de los vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales. Hoy, esta situación está siendo señalada ante instancias internacionales por Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, quien ha decidido llevar su voz más allá de las fronteras nacionales para denunciar lo que en México el gobierno de Morena intenta callar.

Moreno ha anunciado que presentará denuncias formales ante instancias como la DEA, el FBI y la Corte Penal Internacional. En ellas se detallan los presuntos vínculos de importantes figuras de Morena con el narcotráfico, así como la utilización del aparato del Estado para perseguir, amedrentar y desarticular a la oposición política. Según el líder priista, “no es traición llevar estas denuncias fuera del país; es valentía, porque es en el extranjero donde el gobierno mexicano no puede censurar ni manipular la verdad”.

Estas acciones no son improvisadas. Desde hace años, Alejandro Moreno ha construido una relación sólida con actores clave de la política norteamericana, lo cual le permite ahora abrir canales institucionales para evidenciar el deterioro democrático que vive México. En sus propias palabras: “Tenemos una relación importante con la clase política norteamericana, que hemos venido construyendo desde hace muchos años. Esa red de interlocución hoy se convierte en una herramienta para proteger al país”.

El trasfondo de estas denuncias es delicado y profundo. A lo largo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, diversas investigaciones periodísticas y reportes de agencias internacionales han alertado sobre la creciente influencia del crimen organizado en procesos electorales, estructuras territoriales y decisiones de gobierno. Sin embargo, desde Palacio Nacional la estrategia ha sido minimizar, desacreditar o ignorar los señalamientos. Peor aún, se ha optado por el linchamiento político contra quienes alzan la voz.

Morena y sus aliados han hecho de la persecución política un instrumento de control. Basta con observar el uso discrecional de instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la FGR o el SAT para golpear a opositores y disidentes. En lugar de gobernar con transparencia, el oficialismo ha preferido el camino del autoritarismo selectivo.

Alejandro Moreno lo sabe. Por eso, su movimiento no es solo jurídico, sino político y ético. Al acudir a tribunales internacionales, lanza un mensaje claro: la democracia mexicana no puede seguir secuestrada por un régimen que utiliza al Estado como escudo de impunidad. Lo que se busca no es solo exhibir a Morena, sino proteger la integridad del proceso democrático, de cara a las elecciones de 2027 y los graves riesgos que persisten si se normaliza la narcopolítica.

Moreno también ha dejado claro que esta denuncia no es un ataque contra México, sino un acto de defensa hacia su democracia. Porque cuando el Estado deja de garantizar justicia interna, el derecho internacional se convierte en la última trinchera para proteger a las víctimas y castigar a los responsables. Y hoy, las víctimas son los ciudadanos que viven bajo la amenaza del crimen, del silencio forzado y de la manipulación oficialista.

En este contexto, la valentía de Alito Moreno es más que una postura partidista: es un acto de dignidad frente a un régimen que ha demostrado estar dispuesto a todo con tal de permanecer en el poder.